Bukele «limpia» la «casa» salvadoreña de óbices a su administración

La Reunión Legislativa de El Salvador dio este fin de semana su primer enorme golpe de timón de la novedosa legislatura al destituir a los jueces sucesos y suplentes de la Salón de lo Constitucional de la Corte Suprema. El fulminante cese de los cargos, nueve en suma, se genera un par de meses una vez que el partido del presidente, Nayib Bukele, consiguiera la mayor parte parlamentaria en las selecciones.

Si bien absolutamente nadie lo daba por hecho, era una operación cantada. Los usuales bloqueos judiciales a los decretos gubernativos sobre la administración de la pandemia habían colmado la paciencia del jefe del Ejecutivo, que aun ha dicho en el mes de agosto que «si podría haber sido enserio un dictador», los «habría fusilado a todos o algo de esta manera». El Salvador registró en un año 69.000 contagios y cerca de 3.000 fallecimientos.

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La Reunión asimismo apoyó este domingo la destitución del fiscal general, Raúl Melara, cuyo cargo expiraba en 2022. La razón fueron sus «vínculos» con el partido opositor Coalición Republicana Nacionalista (Arena), que «ponen en lona de juicio su imparcialidad»

Lo que exactamente la oposición ha calificado de «golpe de Estado» tuvo asimismo consecuencias de todo el mundo de extensión. De este modo, el asesor de la Casa Blanca para América Latina reprendió a Bukele y le advirtió que si desea preservar una «relación fuerte» entre El Salvador y EE UU debe proteger la «separación de poderes». Asimismo el secretario de Estado, Antony Blinken, alertó de que «un Poder Judicial sin dependencia es fundamental para la gobernabilidad democrática» y defendió a Melara, a quien definió como «un colega eficiente» contra el delito.

Otros países como Costa Rica o la Organización de Estados Americanos (OEA) coincidieron en expresar su «preocupación» por la resolución de la Reunión, que suprime «el sistema de pesos y contrapesos» que debe enviar en un Estado de Derecho. Human Rights Watch apuntó de manera directa que el gobernante salvadoreño busca «concentrar todo el poder».

A pesar del indudable calado de los críticos, la contestación del presidente a todos ellos fue instantánea y sin medias tintas: «A nuestros amigos de la red social en todo el mundo, deseamos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y asistir en cuanto podamos. Nuestras puertas están mucho más abiertas que jamás. Pero con todo respeto: nos encontramos limpiando nuestra casa, y eso no es de su incumbencia», apostilló en Twitter.

Su carisma y un programa supuestamente en oposición a los permisos políticos llevaron a Bukele al mucho más prominente cargo de El Salvador en 2019. El pasado marzo reafirmó su aceptación en unos comicios en los que Novedosas Ideas, su partido, y sus socios consiguieron 64 de los 80 escaños del Parlamento unicameral. El sábado fue día de estreno en la Reunión y en un par de días la coalición oficialista ha suspendido a los integrantes del tribunal y nombrado a sus sustitutos en un hemiciclo blindado por las fuerzas de seguridad.

Los decretos sanitarios

El primer análisis apunta a que Bukele no ha infringido la legalidad, si bien puede dudarse de otros cumplimientos con la ética y las reglas democráticas. Los comicios legislativos tienen una continuidad en las llamadas selecciones de segundo nivel, donde la mayor parte parlamentaria tiene la atribución de llevar a cabo nombramientos en la Fiscalía, la Corte Suprema o el Tribunal de Cuentas, entre otros muchos organismos. Y eso es lo que hizo la Reunión, con el acompañamiento de los 64 votos de la mayor parte

El presidente de la oposición, Erick Salguero, lamentó que la resolución «anule la separación de poderes y sepulte a El Salvador como República». A pesar de que la destitución es una capacitad contemplada en la Constitución, así como recordó ayer el presidente, ciertos críticos ponían el índice en que el cese de los juristas tiene un origen político y no en una irregularidad legal.

Los choques con el tribunal vienen desde el origen de la pandemia. Alarmado por la transmisión del virus, el destacable movimiento transfronterizo de los trabajadores salvadoreños y un frágil sistema sanitario, Bukele fue entre los primeros mandatarios en imponer en el mes de marzo de 2020 un severo confinamiento, en el que los infractores podían ser detenidos y obligados a pasar toda la cuarentena en un centro de detención.

El presidente mantuvo desde ese momento un desafío prácticamente personal con el órgano máximo interprete de la Carta Magna salvadoreña, que le ha derogado por «inconstitucional» o por limitar «los derechos ciudadanos» hasta once decretos y 2 afirmaciones de estado de urgencia. Bukele ha acusado a los juristas de anteponer los «intereses particulares sobre la salud y la vida de toda la población» y de «organizar al Gobierno que asesinen a millones de salvadoreños» con sus sentencias.

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